La
Noticia:
Colombia decidió
retirarse del Pacto de Bogotá a través del cual reconocía la jurisdicción de la
Corte Internacional de Justicia… (reforma.com)
Comentario:
En
lo que representa un golpe al derecho internacional, Colombia protesta un
veredicto que favoreció a Nicaragua en relación al dominio de una zona marítima
rica en recursos. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo fue el fallo de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ)? ¿Qué podemos esperar a raíz de este incidente?
Son las preguntas que revisaremos en esta ocasión.
Comencemos
por la historia. En el siglo XIX, cuando se estaba formando Latinoamérica luego
de su independencia de España, uno de los puntos fue establecer límites entre
países, tanto terrestres como marítimos. Si bien Nicaragua y Colombia no tienen
frontera terrestre común, debido a la forma caprichosa de Centroamérica, sí la
tienen en términos del Mar del Caribe. En 1928 ambos países firmaron un
convenio en el que se establecía la jurisdicción colombiana de tres islas y
siete islotes del Caribe. Igualmente se estableció una línea para delimitar los
derechos marítimos de cada país.
Sin
embargo, en 1980, el gobierno sandinista de Nicaragua desconoció en forma
unilateral el convenio alegando que había sido firmado bajo la presión de los
Estados Unidos. Cabe recordar que el gobierno sandinista rechazaba todo lo que
oliera a estadounidense. En el 2001, Nicaragua inició una demanda ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya reclamando la posesión de las islas y los
islotes. La Corte en 2007 (se toman su tiempo para analizar los asuntos),
decretó que las islas e islotes pertenecían a Colombia, pero dejó pendiente la
resolución sobre la frontera marítima. Fue hasta noviembre del 2012 cuando la
CIJ estableció los límites marítimos y sorprendió a Colombia asignando áreas
que ellos consideraban propias a Nicaragua. Lo curioso es que si bien las islas
e islotes fueron asignados a Colombia, las aguas que rodean, incluso completamente,
a algunos de ellos, fueron asignadas a Nicaragua.
Es
de lo que se queja Colombia, que está perdiendo recursos pesqueros valiosos.
Las islas son colombianas, pero los pescadores de ellas tienen que internarse
en aguas nicaragüenses para ejercer su profesión. No se sabe si la CIJ
comprendía al dar su veredicto las posibles fuentes de conflicto que generó.
Nicaragua, que celebró el fallo, ya está enviando sus barcos a patrullar lo que
antes administraba Colombia. Colombia, por su parte, no ha realmente aceptado
la resolución y aún mantiene a su flota en el área resguardando a la zona
pesquera y previniendo maniobras de narcotraficantes. Es evidente que con
cualquier malentendido podría iniciarse un incidente desagradable.
El
Pacto de Bogotá se refiere a un acuerdo
firmado por Colombia donde declara que acepta la jurisdicción de la CIJ para
resolver conflictos, esto es, la acepta como árbitro en disputas. Al retirarse
del Pacto, lo que Colombia está diciendo es que en el futuro (en principio no
puede hacer retroactiva su renuncia) no aceptará resoluciones de la Corte en
relación a límites entre países. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos,
está declarando que los límites deben fijarse por acuerdos entre los dos
países. Y aunque suena bien, en realidad la función de un árbitro se da cuando
los países no pudieron ponerse de acuerdo en algún asunto.
¿Puede
Colombia evadir la resolución? El uso de la fuerza no parece recomendable,
porque si bien Nicaragua posee menor flota que Colombia, si hubiera un conflicto
armado, varios países de inmediato se pondrían del lado de Nicaragua, como por
ejemplo Venezuela, Ecuador y Bolivia. Nadie desea que el conflicto escale en
tamaño, así que Colombia se verá forzada a ceder simplemente porque firmó de
antemano que aceptaría el veredicto de La Haya.
Pero
al renunciar al Pacto de Bogotá, Colombia está sentando un precedente peligroso
que otros países pueden estar tentados en imitar. No aceptar el papel mediador
de la CIJ es dañino para el derecho internacional.
Después
de todo Colombia no puede decir que está de acuerdo en lo que le favorece (la
posesión de las islas) y en desacuerdo con lo que no (los recursos marítimos).
Esperemos que luego del berrinche, la sensatez se imponga.
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